Lima amanece, una vez más, bajo el color gris de los uniformes de combate. Lo que comenzó hace más de un año como una medida «excepcional» se ha convertido en la norma constitucional de nuestra era: el estado de emergencia permanente. Bajo el pretexto de combatir la criminalidad desbordada de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y las mafias locales de la extorsión, el régimen ha importado la estética del «modelo anti-orden Bukele», pero vaciada de resultados y cargada con toda la brutalidad de clase que caracteriza a la oligarquía peruana. No estamos ante una guerra contra el crimen; estamos ante la militarización de los barrios populares para contener el inevitable estallido social.
Lenin y los «destacamentos especiales de hombres armados»
Para entender por qué hay tanquetas en San Juan de Lurigancho y Comas, pero no en San Isidro, debemos volver al análisis de Lenin en su obra El Estado y la revolución. El Estado no es un árbitro neutral que busca la «paz social»; es, por definición, un órgano de dominación de una clase sobre otra. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas constituyen los «destacamentos especiales de hombres armados» cuyo fin último no es proteger al ciudadano de a pie, sino salvaguardar la propiedad privada y el orden burgués.
La reciente consolidación de la Ley de Terrorismo Urbano, aprobada por el Congreso, es la herramienta jurídica de esta dominación. Bajo una retórica de «mano dura», la ley tipifica delitos vagos que permiten equiparar la protesta social (el bloqueo de carreteras, la huelga sindical) con la extorsión criminal. El objetivo estratégico del régimen no es el sicario de la esquina —quien muchas veces opera en zonas liberadas por la corrupción policial—, sino anular la capacidad de organización del proletariado, preparando el terreno legal para tratar a los dirigentes populares como terroristas.
El fracaso del plan de seguridad en cifras
La realidad material desmiente la propaganda del Ministerio del Interior. A pesar de que el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2025 incrementó significativamente la partida para «Orden y Seguridad» —recortando proporcionalmente la inversión en salud primaria y educación rural—, la inseguridad no ha cedido.
Los datos son contundentes y exponen la farsa:
- Hacinamiento carcelario: Según los últimos reportes del INPE, el hacinamiento en los penales peruanos supera el 135%. Las cárceles no funcionan como centros de resocialización, sino como depósitos de carne humana empobrecida y universidades del crimen. La «bukeleización» ha llenado las celdas de eslabones débiles (microcomercializadores, raqueteros), mientras los cabecillas financieros del crimen organizado siguen operando impunemente.
- La industria de la extorsión: La victimización por extorsión en el gremio de transportistas y pequeños bodegueros se mantiene en niveles históricos. El despliegue militar es cosmético: el soldado en la esquina no puede combatir una red criminal que se mueve a través de transferencias digitales y lavado de activos en la banca formal.
Mariátegui: El crimen como síntoma de la descomposición
No podemos caer en el simplismo reaccionario de pedir «más balas». Como nos enseñó el Amauta José Carlos Mariátegui en sus 7 Ensayos, el problema del Perú es estructural y económico. El auge del sicariato juvenil no es una generación espontánea de «gente mala», sino el producto inevitable de un sistema semifeudal y semicolonial que no ofrece futuro.
La juventud de los conos de Lima, despojada del derecho a una educación pública de calidad y sin acceso a empleo digno por la desindustrialización del país, es empujada hacia el lumpen-proletariado. El capitalismo burocrático peruano solo genera informalidad y miseria. El joven que hoy empuña un arma es el hijo monstruoso del modelo neoliberal. Querer solucionar esto con estados de sitio es intentar curar un cáncer social con analgésicos represivos; se ataca el síntoma para no tocar la causa: la injusta distribución de la riqueza.
Mao y el «tigre de papel»
El despliegue militar en las calles intenta proyectar una imagen de fortaleza, pero, bajo la lupa de Mao Tse-tung, este Estado policial es un «tigre de papel». Parece aterrador con sus fusiles de asalto y sus vehículos blindados, pero carece de legitimidad real y de base social.
Un gobierno que necesita sacar al Ejército a la calle para sostenerse es un gobierno que ha perdido toda autoridad moral. La «paz» que nos ofrecen es la paz de los cementerios. Las contradicciones se agudizan: la población trabajadora empieza a comprender que el mismo aparato represivo que hoy le pide el DNI en el bus supuestamente para «protegerlo», es el mismo que mañana disparará bombas lacrimógenas si decide salir a protestar por el alza del costo de vida.
Conclusión: Seguridad es justicia social
Desde Diario La Izquierda, rechazamos categóricamente la falsa dicotomía entre «derechos humanos» y «seguridad ciudadana» que plantea la derecha. La única seguridad verdadera y sostenible nace de la justicia social: del pleno empleo, de la soberanía nacional y de la organización popular.
La tarea del momento no es aplaudir la militarización, sino organizar comités de autodefensa vecinal independientes del Estado policial y denunciar el uso de la lucha contra el crimen como pretexto para la persecución política. ¡Abajo el estado de emergencia permanente! ¡No a la criminalización de la pobreza!
