La Constitución peruana es clara: la pena de muerte solo puede aplicarse por traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados internacionales suscritos por el Perú. Eso dice el artículo 140 sin rodeos. No hay pena capital para “delitos comunes” ni para la inseguridad cotidiana que la derecha agita en televisión.

Pero aquí entra el candado mayor: el Pacto de San José. Su artículo 4 prohíbe extender la pena de muerte a delitos a los que no se aplicaba y prohíbe reinstaurarla donde fue abolida. En cristiano: no puedes inventarte nuevas penas capitales a mitad de camino para quedar bien en campaña. Además, la Opinión Consultiva OC-3/83 de la Corte Interamericana cerró hace décadas la puerta a esas “ampliaciones” punitivas: ningún Estado parte puede disponer la aplicación de la pena capital para delitos a los que no se aplicaba previamente. Punto.

¿Pena de muerte para violadores de menores? El camino jurídico honesto

Cada cierto tiempo, los operadores del miedo agitan el tema. En 2024, el Minjus creó una comisión para “evaluar” la pena de muerte para violación sexual de menores. Sonó duro, salió en titulares, pero jurídicamente es humo: sin tocar tratados, no pueden.

Si de verdad quisieran aplicarla, tendrían que denunciar el Pacto de San José (y esperar un año para que surta efecto, según el artículo 78), reformar la Constitución y aprobar legislación interna. Aun así, no podrían retroactivamente ampliar la pena capital a delitos nuevos mientras siga rigiendo el artículo 4 que impide extenderla. Dicho de otro modo: la “mano dura” que prometen es legalmente inviable sin romper el sistema interamericano. OAS OAS

Seguridad pública de verdad: la evidencia internacional destroza el mito “disuasivo”

No existe evidencia seria de que la pena de muerte reduzca el delito mejor que la cadena perpetua u otras penas severas. El National Research Council (Academias Nacionales de EE. UU.) revisó décadas de estudios y concluyó que no son útiles para determinar si la pena capital disminuye, aumenta o no afecta los homicidios. Política pública no se hace con supersticiones.

La ONU ha repetido lo mismo: “no hay evidencia de que la pena de muerte disuada ningún delito”. Es una herramienta de gobiernos autoritarios que simulan orden mientras socavan derechos. En paralelo, el mundo sigue girando hacia la abolición: cada vez menos países ejecutan y en 2024 los ejecutores fueron un puñado de regímenes que concentran casi todas las muertes estatales, según Amnistía. El Perú no tiene nada que aprender de ellos.

América Latina es (y debe seguir siendo) territorio abolicionista

La región es mayoritariamente abolicionista por Constitución o por práctica, reforzada por el sistema interamericano. El abolicionismo no es “buenismo”: es política penal con base empírica y en derechos. Entre academia y práctica jurídica iberoamericana, el consenso es claro: la pena de muerte no mejora justicia ni seguridad, sí abre la puerta a abusos irreparables.

Y atención: cuando algún político peruano coquetea con salirse de la Corte IDH para aplicar ejecuciones, no está defendiendo al pueblo; está empujando al país a la marginalidad internacional y debilitando nuestras propias garantías. El ejemplo reciente es el del presidente del Congreso, José Jerí, promoviendo salida de la Corte IDH y la pena de muerte. Ese es el guion de las derechas autoritarias.

Perú: historia, límites y el uso cínico del miedo

El Perú no ejecuta a nadie desde 1979. El último caso —Julio Vargas Garayar— ocurrió bajo gobierno militar, fusilado por traición a la patria. Desde entonces, nada. La derecha agita la horca, pero no cruza el umbral legal porque sabe que chocaría con tratados y con la historia reciente.

Incluso el propio artículo 140 —aun con su mención al terrorismo— está atado a los tratados de derechos humanos. Varios juristas explican que esa “ampliación” es inconvencional a la luz del artículo 4 del Pacto de San José, y por tanto inaplicable. La Constitución no existe en el vacío: está subordinada a obligaciones internacionales que el país libremente aceptó.

La mirada marxista-leninista: contra el fetiche punitivo y por una justicia de masas

Desde nuestra trinchera, la pena de muerte es un instrumento de dominación de clase. La burguesía la usa para encubrir su fracaso en garantizar trabajo, salud, educación y seguridad; ejecuta símbolos mientras deja intactas las causas sociales del delito. Lukács ya lo advertía: el orden jurídico burgués cosifica y neutraliza la intervención real de la clase trabajadora; por eso el legalismo vacío se convierte en “conciencia deformada” que aplaude castigos ejemplares sin transformar la realidad. No mordamos el anzuelo.

Y frente a ese fetichismo penal, el marxismo-leninismo propone otra ruta: persuasión, organización, reeducación y poder popular, no la muerte estatal. En palabras del pensamiento revolucionario: para las contradicciones dentro del pueblo, el método es la educación y la crítica, no la coacción; la coerción es para los reaccionarios, y aun así subordinada a la confianza y dirección consciente de las masas, no a la arbitrariedad del castigo ejemplarizante. La pena de muerte es lo contrario: un atajo autoritario que mutila la posibilidad de transformar.

¿Qué política pública sí sirve? Prevención, justicia eficaz y rehabilitación

Hablar de seguridad en serio es hablar de Estado social: trabajo digno, escuelas abiertas, cultura y deporte en cada barrio, salud mental comunitaria, policía profesional, investigación criminal científica, fiscalías con recursos y jueces independientes. Eso reduce el delito de raíz; las ejecuciones no. Cuando la ONU y las Academias científicas te dicen que la pena de muerte no disuade, la conclusión es obvia: hay que invertir en lo que sí funciona.

En el plano institucional, nada de shows: protocolos sólidos de atención a víctimas, pericias forenses que no se caigan, defensas públicas robustas, y sistemas de rehabilitación para evitar reincidencia. Eso es seguridad popular, no circo punitivo.

Conclusión: ni una vida más al altar del miedo

La pena de muerte que pregonan los de siempre no es justicia, es propaganda. Choca con la Constitución cuando se la quiere ampliar, viola tratados que nos protegen a todas y todos, no reduce el delito y sirve a la vieja lógica de dominación de clase. Nuestra tarea es convertir la rabia en organización, la inseguridad en política pública, y el dolor en poder popular. Ni la horca, ni el paredón: vida digna, verdad, justicia y transformación.