En las últimas décadas, los serenazgos municipales han pasado de ser un servicio auxiliar de vigilancia a convertirse en un brazo paraestatal cada vez más integrado en las lógicas represivas del aparato burgués. Ahora, sectores empresariales, medios de comunicación y políticos reaccionarios impulsan la idea de armar a los serenazgos con armas de fuego, supuestamente para “mejorar la seguridad ciudadana”.

Pero bajo la máscara de la seguridad se esconde la realidad: armar a los serenazgos es militarizar los barrios obreros para defender la propiedad privada de la élite, no para proteger la vida del pueblo. En un país donde la desigualdad es estructural y la pobreza es criminalizada, poner armas en manos de cuerpos dependientes de gobiernos locales significa abrir la puerta a más represión, más abusos y más impunidad.

Seguridad para quién y contra quién

El discurso oficial presenta esta medida como una respuesta a la delincuencia. Sin embargo, la experiencia histórica y la práctica cotidiana de la seguridad en el capitalismo demuestran que el aparato represivo no se dirige contra el gran crimen organizado ligado a las élites, sino contra los sectores más empobrecidos y vulnerables.

En barrios ricos, el serenazgo armado será un guardia privado con respaldo municipal; en barrios pobres, será un policía adicional con licencia para hostigar, detener y disparar contra los hijos de obreros. Las patrullas no se enfocarán en investigar redes de corrupción o narcotráfico de alto nivel, sino en “controlar” a los vendedores ambulantes, a los jóvenes de periferia y a todo aquel que incomode la “imagen” que los alcaldes quieren proyectar para atraer inversiones.

La lógica del Estado burgués: control social y no prevención real

Como enseñaba Lenin, el Estado no es un árbitro neutral sino un instrumento de opresión de una clase sobre otra. Cuando se decide armar a un cuerpo municipal, no se hace pensando en empoderar a la comunidad para defenderse colectivamente, sino en reforzar el monopolio de la violencia en manos de las instituciones que protegen los intereses de la burguesía.

La “seguridad ciudadana” en este contexto no significa eliminar las causas estructurales del delito —desempleo, desigualdad, exclusión—, sino contener las expresiones violentas de esa miseria para que no se vuelvan una amenaza política. Armar al serenazgo es colocar más fusiles al servicio de la defensa del orden capitalista.

De guardia civil a guardia patronal

Históricamente, los cuerpos de serenazgo surgieron como patrullas no armadas que cooperaban con la policía, orientadas a la disuasión y la presencia visible. Su militarización responde a un cambio de rol: ya no se trata de “prevenir”, sino de reprimir de forma rápida, local y con menos control judicial.

En la práctica, un serenazgo armado:

• Podrá detener y usar la fuerza letal sin pasar por los protocolos más estrictos de la policía nacional.
• Responderá directamente a la autoridad política local (alcalde), muchas veces controlada por intereses empresariales y mafias regionales.
• Tendrá un margen enorme para actuar sin supervisión efectiva, lo que abre la puerta a abusos y ejecuciones extrajudiciales.

Armas en manos de autoridades corruptas: receta para el desastre

No podemos ignorar que muchas municipalidades están atravesadas por corrupción, clientelismo y vínculos con economías ilegales. Darles control sobre un cuerpo armado es aumentar exponencialmente el riesgo de que esas armas sean usadas para proteger negocios turbios, amedrentar opositores o reforzar redes criminales locales.

El marxismo-leninismo enseña que el aparato coercitivo no se democratiza entregándole más poder a las mismas instituciones que perpetúan la explotación. Si hoy ya existen denuncias de serenazgos involucrados en cobros ilegales, extorsiones o “limpiezas sociales” contra indigentes y trabajadores informales, imagina el poder de fuego que tendrán con un revólver en la cintura y la impunidad que les dará el respaldo político local.

Criminalización de la pobreza y racismo institucional

Las políticas de seguridad en el Perú y en toda América Latina están profundamente atravesadas por prejuicios de clase y racismo estructural. Armar a los serenazgos no cambiará eso; lo intensificará. En la práctica:

• Jóvenes de barrios populares serán vistos como sospechosos permanentes.
• La represión contra vendedores ambulantes, recicladores o trabajadores informales será más violenta.
• Las comunidades indígenas y migrantes enfrentarán más hostigamiento y brutalidad.

Como explicaba José Carlos Mariátegui, el Estado peruano está construido sobre la opresión histórica de las masas indígenas y obreras, y cualquier aparato armado reproducirá esa lógica mientras no se transforme la estructura de poder.

El espejismo de la “seguridad” bajo el capitalismo

La propaganda burguesa insiste en que más armas equivalen a más seguridad. Pero en realidad, más armas en manos de un Estado que defiende intereses privados significan más capacidad de control social y represión preventiva.

En países donde se han armado cuerpos locales, como algunas ciudades de México, se ha demostrado que:

• La violencia letal de las fuerzas de seguridad aumenta.
• No hay reducción significativa de delitos graves.
• Crecen las denuncias por abuso y corrupción.

Es un patrón lógico: el arma no resuelve la raíz del conflicto social; solo lo silencia temporalmente por la fuerza.

Alternativa desde una perspectiva revolucionaria

Desde una óptica socialista, la seguridad no se basa en policías más armados, sino en comunidades organizadas y condiciones de vida dignas. Para reducir el delito, hay que eliminar las causas: desempleo, falta de vivienda, exclusión educativa, marginación territorial.

En un Estado proletario, la defensa del barrio estaría en manos de comités populares de autodefensa elegidos por la comunidad, con control democrático real y rendición de cuentas directa, no en manos de cuerpos armados que responden a alcaldes comprometidos con el capital.

Conclusión: armas para el pueblo, no para la represión municipal

Armar a los serenazgos no es una política de seguridad; es una política de miedo y control. No hará que los barrios sean más seguros para el pueblo trabajador; hará que sean más seguros para las inversiones de la élite.

Frente a esta ofensiva represiva, debemos levantar una consigna clara: ni un arma más para quienes protegen a los ricos; organización y autodefensa popular para protegernos entre nosotros. Porque la verdadera seguridad nacerá cuando el poder cambie de manos y las armas dejen de apuntar contra el pueblo para apuntar contra quienes lo explotan.