La actual Constitución chilena, redactada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, es la columna vertebral del modelo neoliberal chileno. Fue impuesta sin un proceso democrático real, en medio de represión, censura y un plebiscito manipulado. Su objetivo no era solo dar forma legal al régimen militar, sino blindar un modelo económico y político diseñado por los “Chicago Boys” para entregar la economía al mercado y reducir al mínimo el papel del Estado.

Este texto constitucional estableció un sistema político hiperpresidencialista, con quórums altísimos para reformas, protecciones a la propiedad privada por encima de los derechos sociales, y un modelo subsidiario que limita la acción estatal a “donde el privado no llega”, dejando educación, salud, pensiones y vivienda en manos de empresas.

Reformas insuficientes y la ilusión del cambio parcial

A lo largo de las décadas, la Constitución de 1980 ha sido reformada en múltiples ocasiones, especialmente en 2005 bajo Ricardo Lagos, eliminando algunos enclaves autoritarios. Sin embargo, la esencia neoliberal del texto se mantiene intacta: el Estado sigue atado de manos para intervenir en la economía, y los derechos sociales no están garantizados, sino condicionados a la capacidad de pago individual.

Estas reformas han servido más para legitimar el texto que para transformarlo. Son retoques superficiales que no cambian la estructura económica ni el reparto del poder. La experiencia demuestra que mientras se mantenga esta Constitución, cualquier política que busque redistribuir la riqueza o fortalecer lo público encontrará límites jurídicos diseñados para impedirla.

El estallido social y la demanda por una nueva Constitución

El estallido social de octubre de 2019 puso en el centro del debate la necesidad de una nueva Constitución. Millones de chilenos salieron a las calles no solo contra un gobierno, sino contra un sistema completo que privatiza derechos y profundiza desigualdades. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” sintetizó el rechazo a tres décadas de continuidad neoliberal bajo gobiernos de distinto signo político.

El proceso constituyente surgió como respuesta a esta presión social, pero rápidamente fue canalizado por las élites políticas hacia un camino institucional controlado. Aun así, el hecho de que la discusión se abriera ya fue una victoria del movimiento popular, que logró romper un tabú instalado desde el retorno a la democracia: que la Constitución era intocable.

El fracaso de los intentos recientes y sus lecciones

El primer intento de nueva Constitución, elaborado por la Convención Constitucional electa en 2021, fue rechazado en el plebiscito de 2022. Pese a que el texto contenía avances significativos en derechos sociales, reconocimiento de pueblos originarios y protección ambiental, la derecha y los medios desplegaron una campaña feroz de miedo y desinformación, mientras sectores progresistas subestimaron la necesidad de una comunicación masiva y unitaria.

El segundo proceso, dominado por la derecha en el Consejo Constitucional de 2023, terminó con un texto aún más conservador que la Constitución de 1980, que también fue rechazado en el plebiscito de diciembre de ese año. Esto dejó al país en un punto muerto institucional, pero no eliminó las causas que llevaron al estallido social.

¿Por qué cambiar la Constitución sigue siendo urgente?

Desde una perspectiva marxista-leninista, la Constitución no es un simple marco legal neutro: es la expresión jurídica del poder de una clase sobre otra. La de 1980 refleja los intereses de la burguesía chilena, las multinacionales y el capital financiero. Mantenerla significa aceptar que la propiedad privada y la libertad de empresa estén por encima del derecho a la salud, la educación, la vivienda o la previsión social.

Cambiar la Constitución es imprescindible para:

• Garantizar derechos sociales universales sin depender del mercado.
• Recuperar el rol planificador y productivo del Estado.
• Proteger los recursos naturales de la depredación privada y del saqueo transnacional.
• Reconocer plenamente a los pueblos originarios y sus derechos territoriales.
• Profundizar la democracia con mecanismos de participación y control popular.

El cambio constitucional como parte de la lucha de clases

Un cambio constitucional real no será un regalo de las élites políticas ni un simple trámite parlamentario. Será el resultado de la presión organizada de la clase trabajadora y de los movimientos populares. Sin movilización en las calles y sin un proyecto político claro, cualquier proceso constituyente corre el riesgo de ser cooptado, desfigurado o reducido a un pacto entre partidos del sistema.

Esto significa que el debate constitucional debe ir acompañado de una estrategia para disputar el poder económico y mediático que hoy maneja la burguesía. Cambiar las reglas del juego sin cambiar quién controla los medios de producción y la riqueza nacional será insuficiente para transformar la vida de la mayoría.

Conclusión: cambiar para construir un Chile del pueblo y para el pueblo

La respuesta a la pregunta “¿Se debe cambiar la Constitución Chilena?” es un sí rotundo, pero no cualquier cambio sirve. No basta con reformas cosméticas ni con textos redactados a espaldas del pueblo. Se necesita una nueva Constitución nacida de un proceso realmente democrático, con participación vinculante de trabajadores, comunidades y organizaciones sociales, que garantice la soberanía nacional y los derechos colectivos.

Una Constitución al servicio de la mayoría debe romper con el modelo neoliberal, devolver al Estado el control de los recursos estratégicos, asegurar derechos universales y reconocer a Chile como un país plurinacional y socialmente justo. En resumen: no se trata de cambiar la Constitución para que todo siga igual, sino de cambiarla para que el poder pase a manos del pueblo trabajador.