El régimen cívico-militar que administra el Perú ha dado el golpe final de la impunidad. No con tanques, sino con decretos y resoluciones administrativas. La oficialización del desmantelamiento de los Equipos Especiales de Fiscales (Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop) marca el triunfo definitivo de la contrarrevolución judicial. Bajo la presidencia interina de José Jerí y con la venia de un Congreso mafioso, la oligarquía ha decidido limpiar la escena del crimen antes de que empiece el circo electoral de 2026. La «lucha contra la corrupción» ha muerto; larga vida a la impunidad sistémica del Estado terrateniente-burgués.

Mariátegui y el Estado del «Gamonalismo» Judicial contra la impunidad

Para entender la gravedad de lo ocurrido hoy, debemos desempolvar los 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. José Carlos Mariátegui nos enseñó que en el Perú no existe un verdadero Estado de Derecho, sino una legalidad gamonal. La ley se aplica con rigor de hierro al indio, al obrero y al campesino que protesta, pero se vuelve flexible y garantista cuando se trata de los dueños del Perú.

La desactivación de Eficcop (el equipo que investigaba la corrupción en el poder) no es una decisión técnica, como miente el Fiscal de la Nación interino. Es una decisión de clase. Las élites empresariales (el Club de la Construcción) y las cúpulas políticas (el fujimorismo y sus satélites) necesitaban borrar las huellas de sus latrocinios antes de pedir nuevamente el voto popular. Han dinamitado los puentes de la justicia para que el saqueo continúe sin testigos incómodos.

La alianza espuria: Fujicerronismo y la «Santa Convivencia»

Lo que presenciamos es la consolidación de un pacto de sangre entre la derecha bruta y achorada y sectores oportunistas que alguna vez se dijeron de izquierda. Esta «Santa Convivencia» ha parido una dictadura parlamentaria donde la ideología pasa a segundo plano frente al interés supremo de la supervivencia penal.

Al cerrar los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, el régimen le dice al país que robar es legal si se tiene el poder político suficiente. Es la institucionalización del pillaje. Como advertía Lenin, la corrupción no es una anomalía del sistema capitalista, sino su lubricante natural. En el Perú de 2025, la política se ha reducido a la administración de coartadas judiciales.

El rechazo del 70%: El «País Real» contra el «País Legal»

Mientras las cúpulas celebran con champagne en los restaurantes de San Isidro el fin de las investigaciones, la calle hierve. Las últimas encuestas revelan que el 70% de la población rechaza a todos los precandidatos presidenciales para 2026. Keiko Fujimori, Antauro Humala, los alfiles de la derecha liberal y los aventureros de turno; todos son vistos por el pueblo como caras de la misma moneda devaluada.

Este rechazo masivo es la prueba de que la contradicción principal ya no es entre candidatos, sino entre el sistema y las masas. El pueblo intuye que las elecciones de abril de 2026 serán una farsa, un ritual vacío donde se elegirá al próximo capataz del modelo neoliberal, pero no se tocarán los cimientos de la desigualdad.

Conclusión: Que se vayan todos

Desde Diario La Izquierda, denunciamos este 18 de diciembre como el «Día de la Vergüenza Judicial». Pero también lo señalamos como el día en que se terminaron de caer las caretas. Ya no hay «fiscales heroicos» que nos salven; el Poder Judicial ha sido recapturado por la mafia.

La única salida no está en las urnas viciadas de 2026, sino en la organización popular. Ante un Estado que cierra las fiscalías para proteger a los ladrones y abre cárceles para encerrar a los jóvenes de los conos, la consigna vuelve a ser la misma que retumbó en las calles hace años, pero ahora con más urgencia y conciencia de clase: ¡Que se vayan todos! Solo una Asamblea Constituyente Popular, nacida de la movilización y no del pacto, podrá barrer con la podredumbre de este viejo Estado.