El Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, plata, oro y zinc. Sin embargo, la riqueza de la renta que brota de nuestras montañas no se queda en las comunidades ni en el país, sino que termina engordando las cuentas de transnacionales y grupos oligárquicos locales.

Cada año, miles de millones de dólares salen en exportaciones mineras, pero las provincias productoras siguen sin agua potable, sin hospitales, sin escuelas y con carreteras destruidas. Esta contradicción no es un accidente: es el resultado de un modelo neoliberal diseñado para que la minería sirva a los intereses privados, no al desarrollo nacional.

Qué son las sobreganancias y por qué gravarlas es de justicia

Las sobreganancias son ganancias extraordinarias que obtiene una empresa cuando el precio internacional de un mineral sube muy por encima de su costo de producción. No provienen de una mayor inversión, innovación o eficiencia, sino de factores externos como la demanda global, la especulación en los mercados y las tensiones geopolíticas.

Gravar estas sobreganancias no es “castigar” a las empresas: es recuperar para el pueblo una parte de la riqueza que se genera gracias a nuestros recursos y que, sin intervención, se fuga a paraísos fiscales. Países como Chile, Bolivia y Australia ya aplican impuestos o regalías progresivas sobre estas ganancias extraordinarias; en el Perú, la resistencia a hacerlo viene de la alianza entre el gran capital minero y el Estado neoliberal.

El blindaje neoliberal contra el pueblo

La Constitución del 93, impuesta por el fujimorismo, blinda a las mineras con el famoso artículo 62, que otorga carácter de “contrato-ley” a sus acuerdos con el Estado, impidiendo modificar sus condiciones fiscales incluso si cambian las circunstancias económicas. Este candado permite que empresas como Southern, Antamina o Yanacocha sigan pagando tasas mínimas mientras reparten dividendos millonarios a sus accionistas extranjeros.

El resultado es un país que regala su riqueza y se endeuda para cubrir necesidades básicas, un Estado mendigo sentado sobre un trono de oro y cobre.

El pueblo exige justicia fiscal

Imponer un impuesto a las sobreganancias mineras permitiría:

• Financiar salud y educación pública de calidad, empezando por las regiones mineras históricamente olvidadas.
• Inversión en infraestructura productiva para diversificar la economía y romper la dependencia extractivista.
• Programas de reconversión laboral y ambiental para comunidades afectadas por el cierre de minas y la contaminación.

No se trata de “dar migajas” en programas sociales asistencialistas, sino de transferir riqueza real y permanente al pueblo trabajador.

La mentira de la “inversión espantada”

El gran empresariado y sus voceros mediáticos repiten el mantra de que gravar las sobreganancias “espantará la inversión”. Es la misma mentira que usaron contra la jornada de 8 horas, el salario mínimo o la seguridad social. La realidad es que las transnacionales seguirán viniendo mientras haya minerales y estabilidad de extracción; lo único que quieren evitar es que esa riqueza se reparta.

Australia, con impuestos altos a las sobreganancias, sigue recibiendo inversión minera. Chile ha aumentado sus regalías y mantiene su liderazgo. Lo que espanta a los capitalistas no es el impuesto, es la idea de un pueblo consciente que les ponga límites.

Una medida transitoria no basta: control popular sobre la minería

El impuesto a las sobreganancias es una medida inmediata y urgente, pero no puede ser el punto final. Mientras los yacimientos sigan en manos privadas y la exportación de minerales dependa de corporaciones extranjeras, seguiremos regalando el control de nuestra principal fuente de riqueza.

La solución de fondo es la nacionalización de la gran minería bajo control obrero y comunitario, garantizando que toda la cadena de valor —desde la extracción hasta la industrialización— esté al servicio del desarrollo nacional y no de las utilidades de unos pocos

Las comunidades son las verdaderas dueñas

El marxismo-leninismo nos enseña que la propiedad de los recursos naturales debe estar en manos del pueblo trabajador. En el caso de la minería, eso significa que las comunidades campesinas e indígenas que habitan esos territorios deben decidir sobre su explotación, plazos, condiciones y beneficios.

Sin esa soberanía territorial, cualquier impuesto será solo un paliativo, porque el modelo extractivista seguirá imponiéndose desde Lima y desde las sedes corporativas en Canadá, EE.UU. o China.

Conclusión: renta minera para el pueblo, no para las transnacionales

La riqueza minera del Perú debe dejar de ser el botín de unos pocos. Es hora de romper el candado neoliberal, gravar las sobreganancias y poner la renta minera al servicio del pueblo. No se trata de pedir limosna a las mineras, sino de ejercer soberanía sobre lo que es nuestro.