En las últimas décadas, las empresas públicas han sido blanco constante de campañas de desprestigio impulsadas por organismos internacionales, gobiernos neoliberales y medios corporativos. Se las acusa de ser “ineficientes”, “deficitarias” o “nidos de corrupción”, mientras se ensalza a la empresa privada como sinónimo de eficiencia y modernidad. Sin embargo, esta narrativa ignora que muchas empresas públicas son estratégicas para la soberanía nacional, pues controlan sectores como energía, agua, transporte, telecomunicaciones y recursos naturales.

El objetivo real de estas campañas no es mejorar la gestión ni combatir la corrupción, sino preparar el terreno para su privatización. Una vez vendidas, estas empresas —que generan bienes y servicios esenciales— pasan a manos de corporaciones cuyo único objetivo es maximizar beneficios, encareciendo tarifas y reduciendo la inversión en infraestructura.

Qué significa “rescatar” una empresa pública

Cuando hablamos de rescatar empresas públicas, no nos referimos a inyectar dinero sin condiciones para mantener estructuras ineficientes, sino a recuperar su capacidad productiva, modernizarlas, blindarlas contra la corrupción y ponerlas al servicio de las necesidades del pueblo.

El rescate debe ser entendido como una inversión en soberanía y desarrollo, no como un gasto improductivo. Esto incluye:

• Recuperar empresas estratégicas que fueron privatizadas y se encuentran en manos de corporaciones extranjeras.
• Modernizar tecnológicamente aquellas que han quedado rezagadas.
• Implementar mecanismos de control democrático y participación de los trabajadores en la gestión.
• Orientar la producción y los servicios a cubrir necesidades sociales antes que a generar ganancias.

Por qué rescatar empresas públicas es una medida antiimperialista

La privatización masiva que vivieron América Latina, África y Europa del Este en los años 80 y 90 no fue casual. Fue impuesta por el FMI, el Banco Mundial y gobiernos alineados con el capital transnacional para abrir mercados a las multinacionales. Cada privatización es una transferencia de riqueza colectiva a manos privadas, muchas veces extranjeras, que repatrían utilidades y dejan al país sin control sobre sectores clave.

Rescatar empresas públicas implica romper esa cadena de dependencia y recuperar para el Estado —y por tanto para el pueblo— el control sobre recursos estratégicos. En el terreno económico, significa que las ganancias de estas empresas pueden reinvertirse en educación, salud e infraestructura, en lugar de engordar cuentas bancarias en el extranjero.

El mito de la ineficiencia pública

Uno de los argumentos favoritos de los privatizadores es que “el Estado no sabe administrar empresas”. Sin embargo, hay innumerables ejemplos que lo desmienten: Petrobras en Brasil, YPF en Argentina antes de su privatización total, Codelco en Chile, Ecopetrol en Colombia o PDVSA en Venezuela. Estas empresas han generado miles de millones en ingresos para sus países y han financiado políticas sociales masivas.

La supuesta ineficiencia suele ser el resultado de décadas de desinversión deliberada y nombramientos políticos clientelistas, precisamente para justificar la venta. Cuando se invierte, se planifica y se involucra a los trabajadores en la gestión, la empresa pública puede ser más eficiente que la privada, ya que no destina dividendos a accionistas, sino que reinvierte en el servicio y el desarrollo nacional.

Empresas públicas como herramienta de desarrollo planificado

En un modelo socialista o antiimperialista, las empresas públicas son palancas para dirigir la economía hacia objetivos de desarrollo nacional: industrialización, autosuficiencia energética, expansión de servicios básicos, investigación científica y tecnológica.

Sin empresas públicas fuertes, el Estado pierde capacidad de planificar y queda reducido a un mero regulador de intereses privados. En cambio, con control sobre sectores estratégicos, puede orientar la producción hacia el interés general y protegerse de presiones externas como sanciones, bloqueos o subidas especulativas de precios internacionales.

Los rescates que sí son un problema: salvar al capital privado

Es importante diferenciar entre rescatar empresas públicas y rescatar empresas privadas con dinero público. Los gobiernos neoliberales no dudan en destinar miles de millones a salvar bancos y corporaciones en crisis, mientras rechazan invertir en empresas estatales con problemas. El caso de la crisis financiera de 2008 es un ejemplo global: bancos responsables del colapso fueron salvados con fondos públicos, sin cambiar sus prácticas especulativas, mientras se recortaban servicios esenciales.

En cambio, rescatar una empresa pública es rescatar una herramienta de todos, no una propiedad privada. La diferencia es que, al salvar una empresa estatal, los beneficios futuros pueden revertir en el conjunto de la población.

Rescate con control popular: la clave del éxito

Para que el rescate de una empresa pública no reproduzca burocracia ni corrupción, es necesario un modelo de gestión con control popular y participación de los trabajadores. Esto significa:

• Consejos de administración con representación de sindicatos, comunidades y técnicos especializados.
• Auditorías públicas y transparentes de gastos e inversiones.
• Planificación productiva en función de un plan nacional de desarrollo.
• Formación y capacitación permanente de cuadros técnicos y administrativos.

De esta forma, el rescate no es solo financiero, sino político y social, integrando a la empresa en un proyecto nacional de largo plazo.

Conclusión: rescatar para emancipar

Rescatar las empresas públicas es una tarea estratégica para cualquier país que aspire a la soberanía y al desarrollo independiente. No se trata de salvar estructuras por inercia, sino de fortalecer herramientas que pertenecen al pueblo, blindarlas contra la corrupción y orientarlas a satisfacer las necesidades colectivas.

Renunciar a ellas es entregar nuestra economía al capital extranjero y a las élites locales que lo sirven. Defenderlas y rescatarlas, en cambio, es apostar por un futuro donde la riqueza generada por el trabajo y los recursos nacionales se quede en el país, para construir una economía planificada, justa y socialista. Solo la izquierda nos hará libres.