La transición energética no será la pasarela verde del capital; será campo de batalla. Quien controle litio y cobre controlará baterías, redes eléctricas y, por tanto, poder material. Para los pueblos andinos, eso implica romper con la condición semicolonial de exportadores de materias primas y poner el mando en manos de la clase trabajadora. Mariátegui lo vio con claridad: vivimos en la “época de los monopolios… los países latinoamericanos llegan con retardo… el destino de estos países, dentro del orden capitalista, es el de simples colonias”. La única salida es soberanía real sobre los recursos y la cadena de valor, empezando por el control obrero de la producción.

Por qué litio y cobre definen la transición

No hay transición energética sin cobre (cables, redes, motores) ni litio (baterías). La IEA cifra el salto: en el escenario de políticas vigentes, la demanda total de cobre pasa de 26,7 Mt (2024) a 31,3 Mt (2030), con 10,9 Mt solo para tecnologías limpias; y sigue creciendo hacia 34,1 Mt (2040). La demanda de litio se dispara de 205 kt (2024) a 455 kt (2030) y 928 kt (2040), incluso contando reciclaje; la concentración geográfica del suministro sigue siendo un riesgo sistémico. Traducido a política: o controlamos estos flujos o nos controlan.

Además, la USGS recuerda dónde está el “triángulo” del poder material: recursos de litio medidos + indicados en Argentina (23 Mt), Bolivia (23 Mt) y Chile (11 Mt); Perú ya asoma con ~1 Mt de recursos. No somos periferia por naturaleza, sino por relación de poder.

Del “security of supply” del Norte a la soberanía del Sur

La carrera regulatoria del Norte blanquea su necesidad de materias primas con eufemismos de “seguridad de suministro”. La UE aprobó el Critical Raw Materials Act para priorizar proyectos estratégicos y acortar cadenas hacia su mercado. En paralelo, EE. UU. ajusta reglas del IRA para trazar origen de minerales y condicionar créditos fiscales a “amigos” comerciales. Ese andamiaje empuja a los Andes a seguir siendo cantera, si no respondemos con poder público y control obrero.

Chile ya avanzó un paso: su Estrategia Nacional del Litio declara liderazgo estatal y rol inicial de Codelco y Enami con control mayoritario público en salares estratégicos. ¿Suficiente? No. Las alianzas público-privadas sin transparencia ni participación vinculante perpetúan la lógica de arriba-hacia-abajo; el acuerdo Codelco–SQM hasta 2060 y nuevas adjudicaciones han sido cuestionadas por opacidad. La solución no es solo “más Estado”, sino Estado con control obrero y comunitario.

Bolivia, con YLB, firmó acuerdos de DLE (extracción directa) con el consorcio CBC (CATL, BRUNP, CMOC) por ~US$1.000 millones, manteniendo 51% estatal. Incluso se comprometió a intervenir solo ~1,64% del Salar de Uyuni, señal política relevante para el balance agua-salmuera. El vector está claro: propiedad y decisión nacionales, pero el paso siguiente es institucionalizar el control obrero sobre inversión, producción y territorio.

Perú: potencia cuprífera sin poder (y con litio por venir)

Perú registra repuntes de producción cuprífera (enero 2025: +6,9% interanual), confirmando su peso estructural en el mercado global. Pero la capacidad productiva no se traduce en poder soberano: el corredor minero sufre bloqueos y choques recurrentes por un modelo que excluye a trabajadores y comunidades de decidir. No es “conflictividad” espontánea; es una arquitectura de enclave.

En litio, el país aparece en el mapa por Falchani y Quelcaya (Puno), aún en fase de exploración y trámites. Falchani ha tenido idas y vueltas: anuncios de EIA y, al mismo tiempo, salidas del portafolio 2025 por falta de avances, y estimaciones de arranque post-2027/2028. Precisamente por esa incertidumbre corporativa, urge un marco soberano que no dependa del humor de capitales especulativos.

Control obrero: del discurso a la ingeniería institucional

Quien haya leído a Mariátegui sabe que el imperialismo combina capital monopólico con formas precapitalistas para asegurar extracción de materias primas sin desarrollar mercado interno. Eso sigue pasando con el cobre y el litio cuando se terceriza todo y se expulsan decisiones fuera del territorio. Nuestra respuesta: empresa pública de transición energética con control obrero real y mandato de valor agregado.

¿Cómo se ve el control obrero en la práctica?

1. Gobernanza paritaria y veto social: directorio con mayoría trabajadora (sindicatos del sector y cadena), representación comunitaria y técnicos públicos; veto a contratos que incumplan estándares laborales, ambientales y encadenamientos productivos.
2. Integración vertical obligatoria: no más vender concentrados como colonia. Refinar (cobre) y industrializar (litio carbonato/hidróxido → cátodos → packs) en el país. Sí, la planificación prioriza medios de producción aunque la rentabilidad contable inmediata sea menor; lo decisivo es la rentabilidad social y la capacidad productiva nacional en el largo plazo.
3. Cláusulas de mercado interno: cuotas de cobre refinado para redes públicas y litio para buses eléctricos y almacenamiento comunitario.
4. Compras públicas y banca de desarrollo: coordinar con licitaciones de redes y transporte eléctrico; crédito blando a cooperativas y proveedores.
5. Transparencia radical: contratos, costos, regalías y balances de agua abiertos en línea. Chile ya mostró que sin transparencia el “liderazgo estatal” puede degenerar en opacidad; nosotros vamos por control obrero y escrutinio público.

Financiamiento: que pague el capital, no el pueblo

• Renta extraordinaria: impuesto a sobreganancias cupríferas en ciclos de precio alto para financiar refinería, fundición limpia, laboratorios y transferencia tecnológica.
• Participación obligatoria del Estado y fondos de trabajadores en joint ventures de litio y cobre.
• Royalties progresivos por tonelada refinada (no por concentrado).
• Reinversión productiva como condición para estabilidad tributaria.

Condiciones socioambientales: agua, consulta y límites

El agua es vida. En salares, hidrología primero: balances públicos, auditables y límite precautorio de extracción. Bolivia ha anunciado intervenir ≈1,64% del Salar de Uyuni; el objetivo no es copiar cifras, sino institucionalizar límites con base científica y control social. Consulta previa vinculante y beneficio directo para comunidades.

En minería cuprífera, corredores y EIA deben rediseñarse con comités de seguridad laboral y comunitaria con poder de parada ante incumplimientos. Los bloqueos no son “irracionalidad”: son síntoma de un modelo que excluye de las decisiones.

Programa mínimo 2025–2026

• Ley de Empresa Pública de Transición Energética con control obrero y mandato de integración vertical.
• Plan Cobre 2030: +fundición +refinería con estándares globales y meta de sustituir importaciones de conductores/transformadores. Apalancado en la demanda global proyectada por la IEA.
• Plan Litio Justo: producción con DLE donde sea viable, industrialización local y gobernanza paritaria; priorizar Falchani/Quelcaya con reglas de piso social-ambiental y captura de valor.
• Transparencia total: publicación en vivo de contratos, regalías, costos y uso de agua.
• Fondo de Estabilización y Diversificación con renta minera para I+D, formación técnica y electrificación pública.

Conclusión: energía para la vida, no para la ganancia

Sin control obrero, no hay soberanía. El Norte reorganiza sus cadenas con leyes y subsidios; si nosotros no organizamos poder popular sobre minerales críticos, la transición será otra vuelta del tornillo imperial. Litio y cobre son nuestra oportunidad histórica para planificar un país que produzca valor, no solo concentrados. Como enseñan los clásicos, el imperialismo exporta capitales a las fuentes de materias primas y nos quiere de rodillas; respondamos con organización, disciplina y planificación socialista. Transición energética con control obrero o más dependencia: no hay tercera vía