En el Perú y en buena parte del mundo, la vivienda digna dejó de ser vista como un derecho humano para convertirse en un negocio especulativo. Los precios de venta y los alquileres se disparan, mientras millones de familias sobreviven en hacinamiento, en construcciones precarias o pagando la mayor parte de sus ingresos por un techo que nunca será suyo.
Este fenómeno no es natural ni inevitable: es el resultado de políticas neoliberales que dejaron la vivienda en manos del mercado, entregaron terrenos públicos a la especulación inmobiliaria y trataron la ciudad como un espacio para el lucro, no para la vida. Las constructoras, los bancos y los fondos de inversión han encontrado en el ladrillo una de las mercancías más rentables: siempre hay necesidad de vivienda, y mientras el Estado no intervenga, pueden exprimir esa necesidad sin límites.
El drama de los alquileres: pagar por vivir, siempre más caro
Los alquileres en las principales ciudades del país han crecido mucho más rápido que los salarios. En Lima, por ejemplo, alquilar un departamento modesto puede costar entre el 40% y el 60% del ingreso mensual de una familia trabajadora. Y eso sin contar servicios, transporte y alimentación. Esto significa que cada mes, una parte desproporcionada de la fuerza de trabajo se dedica a sostener las ganancias de los arrendadores y especuladores.
Este problema se agrava por la figura de los “multipropietarios”: individuos o empresas que concentran decenas de viviendas que no ocupan, esperando que suba el valor o alquilándolas a precios abusivos. En un mercado sin regulación real, el precio no lo define la necesidad social, sino la avaricia del dueño.
Tope de alquileres: un freno necesario a la especulación
Regular los alquileres no es una idea radical ni nueva. Países como Alemania, Francia, España o incluso ciudades de Estados Unidos han implementado topes legales que limitan el incremento anual de los arriendos y establecen precios máximos en zonas tensionadas.
Un sistema de tope de alquileres en el Perú debería incluir:
- Control de precios según zona, tamaño y condiciones del inmueble, con un máximo basado en la relación con el salario promedio local.
- Prohibición de desalojos arbitrarios para garantizar estabilidad a las familias arrendatarias.
- Registro público de contratos para evitar fraudes, abusos y evasión fiscal.
- Sanciones severas para arrendadores que incumplan la regulación.
Esto no es un ataque a la propiedad: es un límite legítimo al abuso de la propiedad privada sobre un bien básico.
Vivienda pública: la solución de fondo
El control de alquileres es una medida de emergencia, pero no resuelve la raíz del problema: la escasez de vivienda digna y asequible. Esa raíz solo se ataca con un plan masivo de construcción de vivienda pública gestionada por el Estado y controlada democráticamente por la población.
Un programa de vivienda pública debe:
- Construir unidades habitacionales de calidad, con servicios, áreas verdes, transporte y equipamiento social.
- Asignar vivienda en base a necesidad, no a capacidad de pago.
- Mantener alquileres sociales que no superen el 20% del ingreso familiar.
- Prohibir la venta especulativa: la vivienda pública debe permanecer en manos públicas para garantizar su función social.
- Priorizar la contratación de cooperativas de trabajadores de la construcción, generando empleo y redistribuyendo la riqueza.
Este tipo de políticas no solo atacan la crisis habitacional: dinamizan la economía y fortalecen la cohesión social.
El fracaso del modelo neoliberal de vivienda
Desde los años 90, el Estado se retiró de la construcción directa de vivienda y delegó la política habitacional a programas de subsidios para el sector privado. El resultado es desastroso: las constructoras construyen donde es más rentable, no donde hay más necesidad; los bancos deciden quién accede a crédito, dejando fuera a millones; y el suelo urbano se encarece sin control por la especulación.
La Constitución neoliberal de 1993 garantiza el carácter absoluto de la propiedad privada y no reconoce el derecho a la vivienda como un derecho exigible. En este marco, cualquier intento de control de alquileres o de expropiación de suelo ocioso se enfrenta al “candado” que protege a los especuladores.
La vivienda como herramienta de control de clase
El capital inmobiliario no solo obtiene ganancias: utiliza la vivienda como mecanismo de control social. Una familia que dedica la mitad de su salario a pagar el alquiler o la hipoteca tiene menos margen para hacer huelga, organizarse o enfrentarse al patrón. El miedo a perder el techo es un freno poderoso a la movilización.
Además, el diseño urbano bajo la lógica neoliberal expulsa a los pobres de las zonas céntricas y los relega a periferias sin servicios, aumentando los tiempos y costos de transporte, y fragmentando la clase trabajadora.
La vivienda en el socialismo: un derecho garantizado
El marxismo-leninismo plantea que la vivienda debe ser un bien de uso, no una mercancía de cambio. En un Estado obrero, la tierra urbana y la infraestructura habitacional estarían bajo control público, y la asignación de vivienda se haría según necesidad, no según la capacidad de pago.
Ejemplos históricos muestran que es posible:
- URSS: masivos planes de vivienda que sacaron a millones del hacinamiento en pocas décadas.
- Cuba: derecho garantizado a la vivienda, prohibición de desalojos y programas de rehabilitación habitacional comunitaria.
Estos modelos no son “utopías pasadas”: son la prueba de que un Estado al servicio del pueblo puede garantizar vivienda digna para todos.
Medidas urgentes para el Perú
Para iniciar la transformación del sistema de vivienda, proponemos:
- Ley de tope de alquileres con control estricto y sanciones efectivas.
- Plan nacional de vivienda pública financiado con impuestos a las grandes fortunas y al capital inmobiliario especulativo.
- Expropiación de terrenos ociosos en manos de grandes propietarios para proyectos habitacionales.
- Reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda y del carácter social de la propiedad.
- Fomento de cooperativas de vivienda como alternativa a la especulación.
Conclusión: un techo digno es poder popular
La lucha por la vivienda digna es una lucha por el poder. Un pueblo que controla su techo controla una parte esencial de su vida; un pueblo dependiente del mercado inmobiliario vive bajo el yugo del capital. Regular los alquileres y construir vivienda pública masiva no son medidas técnicas: son actos de justicia social y de redistribución del poder.
La consigna debe ser clara:
¡Vivienda digna ahora, tope de alquileres y plan masivo de vivienda pública!
¡La ciudad para quien la habita, no para quien la especula!
