En el Perú, la medicina se compra como si fuera un lujo. A pesar de los seguros públicos, el gasto de bolsillo sigue devorando los ingresos populares, y los medicamentos se llevan la mayor tajada de ese gasto. Estudios recientes estiman que alrededor del 70% del gasto de bolsillo en salud de las familias se va en medicinas, una prueba brutal de cómo el mercado captura la necesidad más básica: curarse. Esto no es un “mal hábito” del paciente; es una política deliberada de mercantilización.
La respuesta estatal ha sido errática y tardía. El derecho a los medicamentos fue reconocido vía DU 007-2019, que los declara parte esencial del derecho a la salud y ordena medidas para garantizar disponibilidad. ¿Resultado? Avances puntuales, pero la farmacia privada campea con precios dispares y el desabastecimiento en el sistema público obliga a la gente a comprar lo que el Estado debió entregar. El “mercado” se tapa los oídos —mientras cobra— cuando se habla de vida y muerte.
Genéricos obligatorios: el mínimo, no la meta
En 2024, el gobierno emitió el DU 005-2024, que obliga a las farmacias y boticas a ofertar genéricos de un listado esencial. Con la RM 220-2024, el Minsa fijó 434 genéricos de venta obligatoria; una medida elemental para romper el cerco de marca y precio que impone la gran cadena. Es un piso, no el techo de una política seria de acceso.
La DIGEMID además opera un Observatorio de Precios para que la ciudadanía compare y encuentre la opción más barata y segura entre más de 16 mil productos declarados por farmacias a nivel nacional. Es útil, pero no basta con comparar si los precios siguen formándose en un “mercado” con poder concentrado; hace falta regular y producir. La salud no se subasta.
Precios justos: regular para vivir, no para especular
La evidencia regional es contundente: cuando el Estado regula precios con método, bajan las tarifas y mejora el acceso. Colombia aplica desde 2013 una metodología de control directo para fijar precios máximos de venta; los propios reportes oficiales atribuyen a esa política reducciones cercanas al 48% en promedios regulados y ahorros multimillonarios para el sistema. No es teoría; son resultados.
En Chile, la Ley CENABAST (21.198) permite a una central pública intermediar compras y fijar precio tope al público para los medicamentos que adquieren farmacias privadas y sin fines de lucro a través del mecanismo. Traducción: poder de compra estatal para derribar precios y romper la captura de las cadenas. ¿Por qué el Perú no aplica un esquema similar para toda la red?
La OMS y la OPS llevan décadas fijando estándares: listas modelo de medicamentos esenciales y compras conjuntas vía Fondo Estratégico para asegurar calidad y precios accesibles. Si sumamos regulación nacional con compras públicas inteligentes, el precio deja de ser una barrera. Eso es política de clase aplicada a la farmacia.
Producción pública: del almacén a la fábrica —soberanía o dependencia
Sin producción pública no hay soberanía sanitaria. Brasil lo entendió hace años: Fiocruz/Farmanguinhos abastece al SUS con miles de millones de dosis y, desde 2007, tras la licencia obligatoria de efavirenz, fabricó antirretrovirales ahorrando al país decenas de millones de dólares y rompiendo el chantaje de las patentes. Estado que produce, Estado que manda.
Cuba, con BioCubaFarma, demostró que un complejo público puede desarrollar y fabricar medicamentos y vacunas estratégicas, sostener exportaciones y sustituir importaciones, incluso bajo bloqueo y crisis. ¿Dificultades? Muchas. ¿Capacidad? Probada: la biotecnología pública existe y funciona cuando hay planificación y disciplina. El Perú debe aprender de lo posible, no de lo que el capital dicta.
En Argentina, la red de laboratorios públicos (ANLAP) fue política de Estado hasta su desmantelamiento en 2023 por decreto. Lección marxista: los avances no son irreversibles si no se consolidan con poder social organizado. Por eso insistimos en blindajes legales y control obrero en toda nueva capacidad productiva.
Patentes y Estado: usar todas las herramientas
La Declaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública (OMC, 2001) reconoce que los países pueden usar licencias obligatorias y otras flexibilidades para proteger la salud. MSF y HAI recuerdan que las licencias voluntarias privadas suelen traer cláusulas secretas y restrictivas, mientras que las licencias obligatorias y compras conjuntas bajan precios y amplían competencia. No hay salud universal con patentes como dogma.
La OMS incluso lanzó la precalificación de insulina para abrir el mercado a más fabricantes y bajar precios en un oligopolio de tres empresas. Es el camino: estándares públicos + competencia real para cortar la especulación. El Estado que regula y produce, garantiza.
Programa mínimo para el Perú (2025–2030)
- Precios justos ya: Régimen de control de precios con metodología transparente (referencia internacional y nacional) para medicamentos esenciales y presentaciones monopólicas; precio máximo de venta al público en la venta minorista, inspirado en Chile. Observatorio de Precios integrado a la fiscalización sancionadora y publicación en vivo de márgenes. El precio no puede ser una ruleta.
- Compras públicas con músculo.: CENARES debe concentrar y planificar compras corporativas de todo el sector público, coordinando con el Fondo Estratégico de la OPS y usando contratos marco para romper el sobreprecio en cada región. Centralizar para abaratar, descentralizar para distribuir.
- Producción pública con control obrero.: Crear Empresa Nacional de Medicamentos y Vacunas con dirección paritaria (trabajadores–Estado–técnicos), mandato de interés público y gobernanza abierta (contratos y costos publicados). Priorizar genéricos esenciales, antibióticos y hormonales (p. ej., insulina), con alianzas tecnológicas usando flexibilidades ADPIC si hace falta. No más rehenes de importadores.
- Genéricos como regla: Implementar a fondo la Ley 32033 y su reglamentación: recetar por DCI como estándar, auditorías a prescripciones y sanciones a la venta atada de marca. Mantener y ampliar el listado de 434 genéricos obligatorios, monitoreando abastecimiento real y sancionando incumplimientos.
- Investigación y biotecnología públicas: Plan quinquenal para plataformas de genéricos complejos y biosimilares, apoyado en universidades y convenios regionales, con propiedad intelectual abierta en resultados financiados por el Estado. El conocimiento pagado por el pueblo debe quedar en el pueblo.
Nuestra posición: salud como derecho, no mercancía
Para la izquierda no hay neutralidad: la vida está por encima de la tasa de ganancia. Cuando el capital se queda con la renta del sufrimiento —marcas infladas, patentes abusivas, cadenas con márgenes obscenos—, el Estado popular debe intervenir: regular, producir y distribuir. Genéricos obligatorios, precios justos y producción pública no son tecnicismos; son herramientas de poder democrático para que nadie se quede sin tratamiento por no tener dinero. Salud que no se vende es soberanía, planificación y control obrero sobre la cadena del medicamento. Porque curarse no es negocio: es un derecho.
