Durante décadas nos vendieron el “sueño” de la capitalización individual: si cada trabajador ahorraba el 10% de su sueldo, el mercado haría magia y llegaría una pensión digna -sistema AFP-. La realidad: baja cobertura, tasas de reemplazo mediocres y millones de cuentas con aportes intermitentes por la informalidad estructural. Incluso análisis “mainstream” reconocen que el Perú arrastra diseños débiles, cobertura insuficiente y pensiones bajas, problemas agravados por la pandemia y los retiros extraordinarios. No es un juicio ideológico: está en los propios documentos técnicos.

El corazón del fallo es sencillo: sin trabajo formal continuo no hay densidad de aportes y, por tanto, no hay pensiones adecuadas. El propio Banco Central —citando estimaciones del BID— advirtió que en el sistema público la densidad de contribución ronda 30%, una fotografía brutal del mercado laboral peruano. Con ese “combustible”, ningún esquema de cuentas individuales puede funcionar para las mayorías, y menos con salarios bajos.

La extracción financiera: comisiones, seguros y volatilidad… pagas tú

El SPP te descuenta 10% para tu fondo y además cobra comisiones y primas de seguro. La SBS publica de forma regular esos cargos para cada AFP; más allá de la “letra chica” de flujo/mixta/saldo, el punto es político: el coste de administrar tu vejez lo pagas tú, gane o pierda la bolsa. La rentabilidad es incierta; la comisión, segura. Solo la izquierda puede ayudarnos.

A eso súmale el golpe de los retiros masivos. Entre 2020 y 2024 el Congreso aprobó siete retiros; la SBS calculó que ya se habían sacado S/ 65,923 millones a octubre de 2021 y, a mayo de 2025, funcionarios de la propia SBS elevaron el acumulado a S/ 115,000 millones (12% del PBI). Resultado: ahorro previsional devastado, más exposición al trabajo precario en la vejez y millones con cuentas vaciadas.

¿Pensiones dignas? Los números no mienten

Cuando te dicen que “las AFP pagan bien”, exige datos. La Asociación de AFP reportó que la pensión promedio por jubilación rondaba S/ 1,300, cifras ampliamente difundidas en medios en años recientes; su “promedio” no tapa la montaña de pensiones bajas para trayectorias laborales reales e intermitentes. No es suficiencia, es lotería social.

¿Y el Estado? Pensión 65 es el único salvavidas para cientos de miles de mayores en pobreza extrema, pero es miserable: recién se anunció su incremento a S/ 350 bimestrales desde junio de 2025. Bienvenido el aumento, ridículo para vivir. Así no se garantiza un piso de dignidad.

La raíz material: informalidad y cobertura

La informalidad supera el 50% de la fuerza laboral. Traducido al lenguaje de la vejez: la mitad de quienes trabajan hoy no tendrá pensión contributiva mañana si no cambiamos el modelo. No lo decimos solo nosotros: CEPAL y OIT llevan años alertando que la salida pasa por pilares solidarios y no contributivos que cubran a quienes el mercado deja fuera. La vejez no puede depender del capricho del capital.

Encima, el propio diseño divide y debilita. En el SNP (ONP) te exigen 13% y en el SPP (AFP) 10% más comisiones y seguro, sin un piso mínimo universal que proteja a todas las personas mayores. Esa arquitectura es ideología pura: privatiza beneficios en la bonanza y socializa el riesgo en la crisis.

El argumento técnico está de nuestro lado

Hasta documentos de gremios financieros admiten la baja tasa de reemplazo efectiva del Perú frente a la región. Y consultoras macro advierten que las “reformas paramétricas” tímidas no alcanzan: sin rediseño estructural, las tasas de reemplazo seguirán de las más bajas y el costo de seguir parchando el modelo puede superar 1% del PBI. ¿Solución tecnocrática? Subir aporte de trabajadores. Solución de clase: cambiar el modelo y subir el aporte del capital.

La alternativa: reparto solidario con piso universal y complemento público

No hay que inventar la pólvora. El camino es un sistema tripilar con hegemonía solidaria y gestión pública profesional:

1. Pilar 0 (no contributivo, universal y suficiente)
   Pensión básica universal que cubra a toda persona mayor, por encima de la línea de pobreza. El antecedente existe (Pensión 65), pero debe universalizarse y multiplicar su monto. Derecho ciudadano, no limosna. La región ya avanzó en esa dirección con sistemas no contributivos que ampliaron cobertura masivamente.
2. Pilar 1 (reparto solidario, contributivo y tripartito)
   Un fondo público de reparto administrado por caja única estatal, financiado tripartitamente (trabajador, empleador y Estado), con pensión mínima garantizada, reglas de cómputo que reconozcan lagunas por desempleo y créditos por cuidados, y negociación colectiva para convenios sectoriales. Nada de comisiones privadas: la administración es servicio público, no negocio.
3. Pilar 2 (ahorro complementario colectivo, de opción pública)
   Ahorro voluntario o contractual administrado por entidades públicas o sin fines de lucro (cajas, bancos públicos, fondos de trabajadores), con topes estrictos de comisión, cartas de inversión productiva en infraestructura social y gobernanza paritaria (Estado–trabajadores–técnicos).

Financiamiento de transición: impuesto a sobreganancias mineras y energéticas, lucha real contra la evasión y elusión, bonos previsionales internos y uso de ahorro público para cubrir pasivos heredados. El punto no es “si hay plata”, es a quién se le cobra.

Objeciones habituales (y cómo desmontarlas)

“El reparto es inviable con la demografía”. Falso como consigna. La viabilidad es política y productiva: con empleo formal, aporte patronal efectivo, y base fiscal progresiva, los sistemas solidarios funcionan. Lo que es inviable es pretender que trabajadores precarizados acumulen ahorro suficiente en cuentas individuales para 20–30 años de vejez. La evidencia regional y los propios diagnósticos oficiales lo muestran.

“Subir el aporte mata el empleo”. Otra falacia. Lo que mata el empleo es la demanda deprimida y la inversión pública tímida. Un pilar solidario que garantiza ingreso a la vejez eleva el consumo y estabiliza el ciclo. Además, cargar el peso solo al trabajador —como proponen las AFP— profundiza la desigualdad; el capital debe pagar su parte.

“Los retiros fueron culpa de la gente”. No. Los retiros son el síntoma de un modelo que nunca dio confianza y de un Estado que abandonó a la población en la crisis. Si 12% del PBI salió volando de las cuentas, la falla es sistémica, no individual. La política pública debe construir seguridad social, no cuentas vacías.

Programa mínimo para 2026

• Ley de piso universal: elevar ya Pensión 65 a un piso universal no contributivo y trazarse una ruta para duplicar su monto en 24 meses.
• Fondo de Reparto Solidario: creación por ley, aporte tripartito con peso patronal progresivo según tamaño de empresa, prohibición de comisiones privadas y transparencia en tiempo real.
• Reconversión del SPP: convertir a las AFP en gestores voluntarios complementarios bajo tarifas tope y mandatos de inversión productiva; traspaso optativo hacia el reparto con bono de reconocimiento claro y financiado.
• Fiscalidad para la vejez: sobreganancias mineras, combate a la evasión, y prioridad presupuestal a la seguridad social.

Conclusión: no más jubilación a la suerte del mercado

Las AFP fueron el caballo de Troya del capital financiero en nuestra vejez: comisiones seguras para ellos, pensiones inciertas para el pueblo. Los hechos son tozudos: retiros por S/ 115 mil millones, pensiones promedio que no alcanzan y mitad del país sin cotizar. La salida es política y de clase: reparto solidario, piso universal y aportes del capital. La vejez no es negocio: es un derecho.